Tal como anticipó Nuestro medio, el juez Manuel García-Mansilla, nombrado “en comisión” por el presidente Javier Milei, decidió dejar el máximo tribunal tan solo cuatro días después de que la Cámara alta rechazara su pliego.
García-Mansilla comunicó su decisión al Presidente a través de una carta en la que presentó su “renuncia indeclinable” al cargo para el que fue designado mediante el decreto 137 del 26 de febrero de 2025.
El Gobierno había intentado persuadir a García-Mansilla para que permaneciera en el cargo hasta la finalización de las sesiones legislativas, prevista para el 30 de noviembre. Inicialmente, el juez había dado indicios de considerar esta opción, pero finalmente desistió, dejando su cargo tras 39 días como miembro de la Corte.
Además del rechazo de su pliego en el Senado, García-Mansilla enfrentaba una medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla. Esta medida le impedía dictar fallos y tomar decisiones administrativas en la Corte durante tres meses, bajo la amenaza de sanciones penales y/o pecuniarias para él y para quienes no acataran el “mandato judicial”.
Con la renuncia de García-Mansilla, la Corte Suprema vuelve a operar con solo tres jueces en ejercicio: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En su carta de renuncia, García-Mansilla defendió su decisión de asumir el cargo en comisión, argumentando que lo hizo al considerar el nombramiento como una medida de “estricta constitucionalidad” y sintiendo la “responsabilidad de colaborar” en la solución de las vacantes existentes en la Corte, calificándolo como un “grave problema institucional” que requería una atención urgente. “Podría haber adoptado una posición cómoda y no asumir la responsabilidad que la situación demandaba. Habría sido, sin dudas, el camino más fácil. Sin embargo, entendí que lo correcto era eso, pese a las críticas injustas e interesadas que recibí de aquellos que eligen cuestionar en lugar de involucrarse”, expresó.
Respecto a los motivos de su renuncia, García-Mansilla señaló la decisión del Senado de rechazar su pliego. Si bien reconoció que el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional y precedentes de la Corte le permitirían continuar en el cargo hasta el 30 de noviembre o hasta el nombramiento de un reemplazo con acuerdo del Senado, afirmó estar “convencido que mi permanencia en el cargo no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen consciencia de la seriedad de este problema y actúen en consecuencia”.
García-Mansilla también criticó la inacción de los políticos en la designación de jueces, fiscales y defensores públicos en todas las instancias, y mencionó la “incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho”.
En el cierre de su carta, García-Mansilla agradeció a los ministros de la Corte por su acogida y trato respetuoso, y dedicó sus últimas palabras al presidente Milei, agradeciéndole la oportunidad de servir a sus conciudadanos. “Aunque me hubiera gustado hacerlo por más tiempo y en otras circunstancias, mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario: será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data”, concluyó, asegurando haber honrado su compromiso de desempeñar sus funciones con independencia, rectitud e imparcialidad.
La continuidad de García-Mansilla en el cargo tras el rechazo del Senado había generado un debate entre constitucionalistas. Mientras el Gobierno sostenía que su mandato se extendía hasta fin de año y solo podía ser removido mediante un juicio político, destacados juristas y organizaciones como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal argumentaban que el rechazo del pliego exigía su inmediata salida de la Corte.
Finalmente, García-Mansilla también abordó las críticas surgidas por sus declaraciones en la entrevista de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde mencionó que no habría aceptado ser nombrado por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Explicó que su comentario se refería a una perspectiva retrospectiva, considerando el contexto de aquellas designaciones, y reiteró que en esa misma instancia aclaró su postura a favor de la constitucionalidad de los nombramientos en comisión.
Según García-Mansilla, su designación se dio en un contexto diferente, con una vacante en la Corte que llevaba tres años y un proceso de evaluación de su candidatura por la sociedad civil y el Senado que no había culminado en un pronunciamiento. Consideró esta inacción del Senado como un motivo para que el presidente Milei lo nombrara por decreto, lamentando que la falta de una decisión se debiera a “mera especulación política”.
