La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC sacudió el tablero político y económico, en medio de una creciente tensión interna por el retraso en la presentación de la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La salida del funcionario se produce en un momento clave, cuando el Gobierno busca consolidar el proceso de desinflación y sostener la credibilidad de los números oficiales.
Según pudo reconstruir este medio, la decisión de Lavagna estuvo directamente vinculada a las diferencias con el Poder Ejecutivo respecto al momento político y económico para aplicar el nuevo índice. El ex titular del organismo estadístico impulsaba una actualización técnica profunda, basada en hábitos de consumo más recientes, mientras que el Gobierno optó por postergar el cambio para evitar impactos colaterales en la narrativa económica.
El nuevo IPC, que llevaba meses de trabajo interno, modificaba el peso de servicios y gastos esenciales, lo que podía alterar la lectura mensual de la inflación en un contexto social sensible. La demora en su implementación terminó por convertirse en el punto de quiebre entre Lavagna y la conducción económica, que priorizó la estabilidad del proceso antes que la reforma metodológica.
Con la renuncia ya consumada, el INDEC continuará utilizando el esquema actual de medición, al menos en el corto plazo, mientras se redefine la conducción del organismo. El episodio reabre un debate histórico en la Argentina: hasta qué punto las estadísticas económicas pueden y deben estar aisladas de las decisiones políticas, en un país donde la inflación no es solo un indicador, sino una cuestión central de la vida cotidiana.
