En la jornada del miércoles, durante una nueva movilización de jubilados frente al Congreso Nacional, el diputado Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda) fue víctima de una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad. El ataque con gases lacrimógenos le provocó lesiones oculares que requirieron atención médica y observación clínica.
El hecho, de una gravedad institucional evidente, fue ampliamente cubierto por numerosos medios nacionales y provinciales. Sin embargo, el diario Clarín optó por no informar sobre el episodio. En un contexto de creciente tensión social y protestas frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional, la omisión no pasó desapercibida.
Este silencio llama la atención no sólo por tratarse de una agresión a un legislador nacional, sino porque refuerza la percepción de una línea editorial que, más allá de matices, parece decidida a no incomodar al oficialismo. La represión, como herramienta para contener el malestar social, no debería naturalizarse ni pasar inadvertida.
El rol de los medios de comunicación en momentos críticos es fundamental. Informar no es solo un acto técnico, es también un posicionamiento ético. Y callar ante la violencia institucional no es neutralidad: es complicidad.
