El discurso de persecución a la izquierda, que pareciera estar volviendo a ser una amenaza palpable en la Argentina, escaló en las últimas semanas a niveles alarmantes, especialmente con los recientes comentarios de funcionarios del gobierno de Javier Milei. El último de estos ataques tuvo lugar el martes 28 de enero, cuando Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que el Gobierno pretende “eliminar cualquier vestigio de las ideologías de izquierda”. Esta declaración no solo suscitó el rechazo inmediato de la oposición, sino que también fue vista como una manifestación del creciente “macartismo oficial” que algunos analistas temen podría traducirse en una persecución real.
El tono de los comentarios de Adorni refleja una ideología que muchos consideran peligrosa, en tanto alienta la criminalización de ciertas ideologías políticas bajo la excusa de combatir el “extremismo” o la “radicalización”. Esta no es la primera vez que los discursos de figuras cercanas al presidente Milei apuntan contra la izquierda. En el Foro de Davos, el presidente ya había dejado clara su postura de desprecio hacia los derechos de las mujeres, la comunidad LGTB+, los movimientos ambientalistas, y en general, hacia lo que denominó de manera peyorativa la “ideología woke”. Lo más polémico fue cuando vinculó absurdamente la “ideología de género” con la pedofilia, un discurso que, además de ser ignorante, incita al odio y fomenta la discriminación.
A esta postura se sumaron los ataques hacia los trabajadores ferroviarios que, durante esa misma jornada, se manifestaban contra las políticas del gobierno. Adorni los acusó de “extorsionar”, una acusación grave que muchos consideran parte de un intento de criminalizar la protesta social.
La reacción de los referentes del Frente de Izquierda no se hizo esperar. Myriam Bregman, una de las voces más representativas del PTS-FIT, utilizó su cuenta de X (Twitter) para rechazar categóricamente las declaraciones de Adorni: “Siguen alentando la persecución a la izquierda”, escribió la dirigente, destacando la gravedad de las palabras que no solo afectan a quienes militan en las ideas de izquierda, sino que también abren la puerta a una represalia sistemática contra todo aquel que se oponga al gobierno.
El diputado nacional Christian Castillo, compañero de Bregman en el PTS-FIT, fue otro de los que respondió con firmeza, instando a una movilización masiva en las calles este sábado 1 de febrero como una forma de respuesta contundente al discurso de odio y persecución. Según Castillo, la respuesta debe ser “llenando las calles de todo el país”, como una muestra de rechazo y resistencia frente a lo que califican como una escalada autoritaria.
Los discursos como los de Adorni y Milei no son solo palabras vacías. Desde la izquierda, se alerta sobre el peligro de que tales declaraciones puedan legitimar la violencia física y la represión institucional contra quienes se oponen al gobierno. En este contexto, el FIT-U (Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad) presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para repudiar públicamente las declaraciones de Adorni y de Milei. Este proyecto, además de rechazar los discursos de odio, advierte sobre los riesgos de que este tipo de retórica pueda incitar ataques violentos contra las personas y organizaciones con posturas políticas diferentes.
La preocupación no es menor. En varias partes del mundo, discursos similares han precedido periodos de represión política, persecución ideológica y violencia física. La historia está llena de ejemplos de cómo un discurso que demoniza a un grupo específico puede derivar en consecuencias mucho más graves si no se toma acción para detenerlo a tiempo.
Lo que está en juego no es solo una lucha política por el poder, sino la esencia misma de la democracia. Si un gobierno utiliza su influencia para delegitimar, acosar o incluso reprimir a la oposición, la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento se ven amenazadas. Los llamados a “eliminar vestigios de las ideologías de izquierda” no son simplemente un rechazo ideológico; pueden ser una advertencia de un cambio más profundo en las prácticas democráticas del país.
La movilización convocada para este sábado 1 de febrero será una oportunidad clave para que la ciudadanía exprese su rechazo a la persecución política y su compromiso con la defensa de los derechos democráticos. En un contexto de creciente polarización, es crucial recordar que las diferencias ideológicas no deben ser sinónimo de hostilidad o represión, sino de un ejercicio saludable del debate democrático.
