El vocero del gobierno, Manuel Adorni, anunció que se modificaría la Ley N° 26.743 (Ley de Identidad de Género) para retrasar la edad mínima para iniciar el proceso de hormonización de los 16 a los 18 años, y se establece que el alojamiento de los detenidos en cárceles se decidirá según el sexo registrado al momento del delito.
Modificaciones en la Ley: La nueva normativa propone que los menores de 18 años no puedan iniciar tratamientos hormonales ni someterse a cirugías de reasignación sexual, incluso con el consentimiento de los padres. Se argumenta que los menores no tienen la madurez cognitiva para tomar decisiones sobre procedimientos irreversibles, aunque esta afirmación carece de un respaldo científico.
Reacciones y datos reales: Esta medida ha generado reacciones y críticas, como la de la Federación Argentina LGBT+ que anunció que recurriría a la Justicia. Además, datos del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aclaran que los “consultorios con perspectiva inclusiva” no realizan tratamientos hormonales ni cirugías de reasignación de género, sino que están destinados a ofrecer atención a la salud de la comunidad trans, que enfrenta mayor vulnerabilidad y menor esperanza de vida.
Impacto en las cárceles: El gobierno también estableció que las personas detenidas en cárceles se alojarán según el sexo registrado al momento del delito. Esta medida fue justificada por el presidente Javier Milei como una forma de garantizar la seguridad de las mujeres detenidas, y evitar que personas condenadas por delitos sexuales o violentos contra mujeres sean alojadas en cárceles de mujeres, si han cambiado su identidad de género después de cometer el delito.
Sin embargo, según datos oficiales, el número de personas trans que han solicitado traslado por identidad de género en las cárceles federales es mínimo, lo que pone en duda la magnitud del problema que esta medida busca resolver.
Posibles consecuencias: Estas medidas, que el gobierno justifica como una lucha contra el “extremismo de género”, han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y defensores de la comunidad LGBT+. También han sido consideradas una respuesta a la creciente protesta antifascista que se ha manifestado en contra de otras políticas del gobierno.
La controversial medida del gobierno busca asegurar que el dinero del estado no sea utilizado en causas sociales. Los jovenes cuyos padres sientan que la sexualidad de su hijo está biológicamente errada podrán apelar a un tribunal de justica para que revoquen la medida en su caso particular y luego realizar la operación pertinente. En cualquier caso el rol del estado cambiara para no representar las políticas de genero actuales dejando en los particulares la posibilidad de asumir los costos y el peso moral.
