Un nuevo DNU de la administración Milei limita el acceso a la salud y la educación superior para no residentes, y prohíbe el ingreso al país de personas con antecedentes penales.
En el marco de su plan de reorganización estatal, el Gobierno nacional anunció por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) una profunda reforma del régimen migratorio argentino. Las medidas, presentadas por la Oficina del Presidente Javier Milei, buscan “ordenar un sistema desvirtuado por décadas de políticas populistas” y priorizar el uso de recursos públicos en beneficio de los ciudadanos argentinos.
El decreto dispone la expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena, así como la prohibición de ingreso al país de personas con antecedentes penales. El Gobierno sostiene que estas disposiciones apuntan a proteger la seguridad y la sostenibilidad de los servicios estatales.
En línea con esa lógica, se impone un sistema de restricciones al acceso gratuito a servicios públicos para extranjeros no residentes. A partir de ahora, quienes ingresen al país como residentes transitorios, temporarios o de manera irregular deberán contar con un seguro médico para acceder a la atención sanitaria. Según datos oficiales, el Estado habría destinado más de 114.000 millones de pesos en 2024 a la atención médica de personas extranjeras.
Además, las universidades nacionales estarán habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes que no sean residentes permanentes, aunque se garantiza la gratuidad en la educación primaria y secundaria para todos los residentes.
Otro punto clave del decreto es la modificación de los requisitos para obtener la ciudadanía argentina: solo podrán acceder quienes hayan residido legalmente al menos dos años de forma continua o quienes realicen una inversión económica significativa en el país. También será obligatorio demostrar medios de vida suficientes y no tener antecedentes penales.
“El objetivo es que el dinero de los contribuyentes se use para los ciudadanos y no para quienes abusan del sistema”, señala el comunicado difundido por la Oficina del Presidente. La medida se enmarca en la estrategia oficial de “reconstrucción nacional” bajo el lema: “En este país, dentro de la ley todo; fuera de la ley, nada”.
Las organizaciones de derechos humanos y sectores académicos han anticipado que impugnarán el decreto por considerarlo regresivo y discriminatorio, aunque aún no se han presentado acciones formales. Mientras tanto, se espera que el impacto inmediato se haga sentir en hospitales y universidades de todo el país.
