Este jueves al mediodía, en una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional presentó un paquete de medidas económicas que ya despertó duras críticas por parte de sectores opositores y expertos en transparencia financiera. El programa fue bautizado como “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y apunta a facilitar el ingreso de dólares y pesos no declarados al circuito formal de la economía, mediante una drástica reducción de los controles fiscales e informativos del Estado.
La estrategia oficial, que se enmarca en un contexto de fuerte recesión y caída del poder adquisitivo, tiene como principal objetivo sostener la estabilidad del tipo de cambio y llegar a las elecciones de octubre con una inflación contenida, aún a costa de profundizar el ajuste económico y flexibilizar mecanismos de control sobre movimientos de capitales.
¿Blanqueo sin filtros?
La medida busca que los conocidos “dólares del colchón” —ahorros personales no bancarizados— ingresen al sistema financiero. Sin embargo, expertos y voces críticas advierten que la relajación de los controles fiscales podría facilitar el lavado de dinero, permitiendo que fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la evasión o la corrupción se blanqueen sin mayores obstáculos.
“Lo que se presenta como mayor libertad económica, en realidad es un retroceso en términos de trazabilidad, transparencia y control estatal“, advirtieron analistas tributarios.
Principales medidas anunciadas
Entre los puntos más controversiales del anuncio, se destacan:
Eliminación de regímenes informativos
- Venta de autos usados: ya no será obligatorio reportar las operaciones a ARCA.
- Pago de expensas: se elimina el régimen informativo que obligaba a informar a partir de los $32.000.
- Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI): deja de ser obligatorio notificar la puesta en venta de una propiedad.
- Consumos relevantes: ya no se informarán a ARCA los gastos significativos de agua, luz, gas y telefonía.
Secreto fiscal más rígido
- Los bancos no podrán solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales a los clientes, profundizando el blindaje de la información financiera individual.
Aumento de los umbrales de control
Los montos mínimos a partir de los cuales se deben reportar transacciones también se incrementaron significativamente:
| Operación | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Transferencias/acreditaciones (personas físicas) | $1 millón | $50 millones |
| Transferencias/acreditaciones (personas jurídicas) | $1 millón | $30 millones |
| Extracciones en efectivo | Cualquier monto | Desde $10 millones |
| Saldos a fin de mes (físicas) | $700.000 | $50 millones |
| Plazos fijos (físicas) | $1 millón | $100 millones |
| Transferencias en billeteras virtuales (físicas) | $2 millones | $50 millones |
| Tenencias en Alycs (físicas) | Cualquier monto | $100 millones |
Críticas y sospechas
El impacto de estas decisiones no se limitó al plano económico. Diversos sectores sociales y políticos denunciaron que el esquema abre la puerta al lavado de dinero, al reducir drásticamente la capacidad del Estado para fiscalizar operaciones sospechosas.
Incluso desde algunos medios se preguntaron con ironía: “¿Festejan los narcos?”, ante la posibilidad de que organizaciones criminales puedan blanquear fondos sin restricciones.
Si bien el Gobierno justificó las medidas como parte de una estrategia para “reparar el daño histórico a los ahorristas” y “reducir la burocracia estatal”, lo cierto es que estas modificaciones dificultan la trazabilidad de operaciones, erosionan la capacidad de fiscalización de ARCA (ex AFIP) y debilitan los mecanismos contra la evasión y el lavado.
Contexto electoral
El anuncio tiene lugar en un contexto donde el oficialismo necesita mostrar resultados económicos rápidos, particularmente en relación con el dólar y la inflación, que siguen siendo los principales factores de preocupación para el electorado. Con una economía en recesión y los salarios en caída, la llegada de divisas —aunque no se sepa de dónde vienen— parece ser una prioridad para el Gobierno.
