El asesinato de Lucas Nahuel Aguilar, un joven repartidor de 20 años, ha conmocionado a la comunidad de Moreno. La violencia, que se desató tras la muerte del joven al intentar defender a un vendedor ambulante en medio de una pelea, dio paso a una serie de protestas que terminaron en enfrentamientos con la policía. Este trágico incidente no solo pone en evidencia las falencias en la seguridad pública, sino que también resalta la necesidad de la libertad para manifestarse pacíficamente y exigir justicia en una democracia.
La tarde del 30 de enero, Lucas Aguilar fue asesinado a puñaladas por un hombre identificado como Luis Benjamín Benítez, quien, según las investigaciones, se había enfrentado a un vendedor ambulante en las calles España y Bartolomé Mitre, en el centro de Moreno. Durante el altercado, el vendedor resultó gravemente herido, y cuando Benítez intentó huir, Lucas, al ser testigo del hecho, trató de detenerlo. El agresor lo apuñaló en el tórax, y, a pesar de ser trasladado rápidamente a un hospital cercano, Lucas falleció debido a la gravedad de sus heridas.
Benítez, quien tiene antecedentes penales por robos, fue detenido poco después del ataque. Las autoridades informaron que el asesinato no parece estar relacionado con un robo, sino con una pelea callejera, aunque la comunidad vinculó el crimen con el sentimiento generalizado de inseguridad que se vive en la zona.
Horas después del crimen, un grupo de vecinos, algunos compañeros de trabajo de Lucas y repartidores, se congregaron en la Plaza Mariano Moreno para exigir justicia. La protesta, inicialmente pacífica, se centraba en la condena al crimen y en la demanda de mayor seguridad en la zona, ya que los manifestantes alegaban que la violencia en el barrio estaba fuera de control.
Sin embargo, la situación se fue intensificando. Los manifestantes, visiblemente angustiados por la muerte de Lucas, comenzaron a arremeter contra el edificio de la Municipalidad de Moreno. Con piedras, neumáticos y conos, atacaron las fachadas y las patrullas estacionadas, mientras algunos intentaban escalar la estructura del edificio. La policía respondió rápidamente con un cordón de infantería, utilizando gas pimienta y balas de goma para dispersar a la multitud.
Al menos 15 personas fueron detenidas por la policía durante los disturbios, aunque muchos de ellos fueron liberados poco después. Entre los detenidos se encontraba la novia de Lucas, quien también participaba en la manifestación exigiendo justicia por su pareja. Algunos manifestantes denunciaron que personas ajenas a los disturbios, como una trabajadora de Pedidos Ya que pasaba por el lugar, también fueron víctimas de la represión policial.
Este episodio resalta la tensión existente entre el derecho a manifestarse pacíficamente y la respuesta de las autoridades. Si bien la violencia no debe ser justificada, la protesta de la comunidad tiene un fundamento legítimo: expresar su descontento ante un crimen que refleja las deficiencias en la seguridad y en el sistema de justicia. La libertad de manifestación es un derecho fundamental en una democracia, y es esencial que las autoridades comprendan la necesidad de escuchar las demandas de la sociedad sin recurrir a la represión.
La manifestación en Moreno fue un ejemplo claro de cómo, cuando las instituciones no responden de manera efectiva a las demandas de los ciudadanos, la protesta se convierte en una vía legítima para exigir justicia. Sin embargo, es crucial que las protestas se mantengan dentro de los márgenes de la ley, para evitar que la situación se descontrole y para que los derechos de todos los involucrados sean respetados.
Las autoridades locales, encabezadas por el secretario de Seguridad de Moreno, Ismael Castro, trataron de minimizar la situación, asegurando que la protesta estaba controlada y que los disturbios no habían afectado gravemente las instalaciones municipales. Sin embargo, la respuesta de la policía, que incluyó el uso de gas pimienta y balas de goma, fue criticada por muchos de los presentes, quienes acusaron a los agentes de agredir a personas que no estaban participando activamente en los disturbio.
El caso de Lucas Aguilar pone en evidencia una vez más la necesidad urgente de reformar las políticas de seguridad y de garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin el temor de ser víctimas de la violencia cotidiana. La respuesta del Estado, lejos de resolver el conflicto, alimenta la sensación de impunidad que ha llevado a muchos a perder la confianza en las instituciones.
El asesinato de Lucas no es un caso aislado. La inseguridad y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado están generando un creciente descontento entre los ciudadanos, que se ven obligados a recurrir a la protesta para exigir algo tan básico como el derecho a vivir sin miedo.
Es fundamental que las autoridades comprendan que la violencia solo engendra más violencia, y que, en lugar de reprimir las manifestaciones legítimas, deben trabajar en soluciones efectivas a los problemas de seguridad y justicia. La comunidad de Moreno, al igual que otras en el país, tiene el derecho de expresar su malestar, y el Estado tiene la obligación de escuchar y actuar en consecuencia.
