El Gobierno Nacional disolvió el COPREC con el fin de mejorar la resolución de los reclamos de consumo. Esta decisión, anunciada mediante el Decreto 55/2025, responde a la necesidad de optimizar los procesos, ya que el organismo duplicaba funciones con otros entes y mostraba una baja eficiencia. En 2024, sólo se resolvió el 28% de los 108.762 reclamos presentados a través del COPREC, dejando el 47% sin resolución y generando una carga innecesaria para el Estado.
El COPREC fue creado en 2014 como un sistema de mediación entre consumidores y proveedores, pero sus funciones se superponían con otros organismos porteños como Defensa del Consumidor de la Ciudad y el portal Mi Reclamo del Consejo de la Magistratura. Estos ya ofrecían sistemas de conciliación previa, además de la mediación en procesos judiciales bajo la Ley 26.589. De esta forma, la eliminación del COPREC no afecta a los derechos de los consumidores, quienes seguirán pudiendo gestionar sus reclamos a través de otros canales.
Con la disolución del COPREC, el Estado logrará un ahorro de $650 millones anuales, que hasta ahora se destinaban a honorarios de conciliadores y a los gastos operativos del organismo. Además, se espera una mayor eficiencia en la resolución de los reclamos gracias a una simplificación de los trámites. Los consumidores podrán seguir tramitando sus reclamos a través de la Ventanilla Única de Defensa del Consumidor o en sitios web de las jurisdicciones locales. La Ciudad de Buenos Aires se ha sumado a esta ventanilla única y ahora será compatible con el sistema de reclamos, lo que permitirá una coordinación más eficiente.
En cuanto al COPREC, hasta el momento dependía de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Sin embargo, con la disolución del organismo, se espera una mejor integración de los sistemas de reclamo, facilitando el acceso de los consumidores y reduciendo la burocracia innecesaria.
La disolución del COPREC abre un debate importante sobre el papel del Estado en la gestión de organismos y su capacidad para garantizar derechos sin caer en la burocracia. Si bien el ahorro y la eficiencia son metas legítimas, surge la pregunta de si el Estado debería seguir eliminando organismos o, por el contrario, debería intervenir en ellos para hacerlos realmente funcionales. Los consumidores merecen respuestas rápidas y claras, pero también es fundamental que los mecanismos existentes funcionen adecuadamente. Al final, el desafío radica en encontrar el equilibrio entre una administración eficiente y la necesidad de asegurar que todos los derechos sean protegidos de manera efectiva. ¿Es más eficiente eliminar lo que no funciona, o es mejor reformar y fortalecer lo que ya existe? La respuesta puede estar en las decisiones que tomemos como sociedad.
