Antonio Miranda apostó $6.000 en una tragamonedas de Río Gallegos y ganó el premio mayor. El casino alegó un “error técnico” y se negó a pagar. Tras dos años de lucha judicial, aceptó una oferta confidencial muy por debajo del monto original.
Lo que empezó como un día cualquiera terminó convirtiéndose en un drama judicial para Antonio Miranda, un albañil formoseño que el 7 de julio de 2022 creyó haber cambiado su vida para siempre. Tras una breve visita al casino de Río Gallegos, donde apostó $6.000 en su máquina habitual, ganó un premio de $100 millones. Las luces, los sonidos y el número que apareció en la pantalla no dejaban lugar a dudas. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que soñó.
“La máquina está defectuosa”
La alegría duró apenas unos minutos. Luego de que otros jugadores lo felicitaran, la jefa de sala se acercó y le dijo, sin rodeos, que no se haría el pago porque la máquina tenía un “desperfecto técnico”. El casino le devolvió $6.500 como saldo y apagó la máquina, evitando que quedaran registros.
Por consejo de otro cliente, Miranda alcanzó a sacar una foto al premio antes de que la máquina fuera reiniciada. Fue la primera pieza clave en una causa judicial que se extendería por dos años.
De la ilusión al litigio
El albañil rechazó una primera oferta irrisoria de $200.000 por parte del casino. Con la ayuda del abogado Gustavo Insaurralde, inició acciones legales el 6 de septiembre de 2023. La demanda incluyó la solicitud de peritajes a la máquina, revisión de cámaras y la identificación del personal que lo atendió.
Las pruebas parecían contundentes: testigos presenciales, la foto del premio, e incluso la constatación judicial de que las cámaras de seguridad habían sido manipuladas. “Se detectó que las filmaciones fueron borradas y que la cámara apuntando a esa máquina había sido retirada”, explicó el abogado.
Problemas personales y una decisión inevitable
A medida que pasaban los meses, la vida de Antonio se fue complicando. Sufrió un grave accidente que le dejó 12 puntos en la cabeza, perdió su empleo y tuvo que hacerse cargo de su madre enferma, por lo que regresó a su ciudad natal, Piedra Buena.
“El juicio podía tardar entre siete y ocho años. Él necesitaba el dinero con urgencia”, reconoció Insaurralde. Finalmente, en julio de 2024, aceptó una oferta económica superior, aunque muy lejos de los $100 millones, y firmó un acuerdo confidencial que incluía prohibición de revelar montos o hablar con la prensa.
La última cuota del pago se completó en septiembre de ese año. Poco después, su madre falleció.
El acuerdo que cerró la causa, pero no las heridas
La homologación judicial del acuerdo puso fin al conflicto legal. Sin embargo, para Antonio —hoy de 57 años— la reparación llegó tarde y a medias. No logró comprar la casa que soñaba, pero sí adquirió un terreno en Piedra Buena, donde sigue trabajando de albañil.
“No es que se hizo millonario, pero quedó conforme. En ese momento, pesó más su situación familiar y económica que la ambición por el dinero”, dijo su abogado.
El casino, por su parte, sostuvo en su descargo que el hombre pretendía obtener “una suma exorbitante de manera ilegítima y no correspondida”. Sin embargo, nunca ofreció una explicación técnica detallada sobre la supuesta falla.
¿Falla real o excusa?
El caso dejó una pregunta abierta: ¿fue realmente una falla del sistema o una estrategia para evitar el pago de una suma millonaria? Con las pruebas ya selladas bajo confidencialidad, la verdad probablemente nunca se sabrá. Lo que sí quedó claro es que el tiempo, la necesidad y el desgaste jugaron más fuerte que la Justicia.
