Carmen Ibarra, encargada de esclarecer el crimen de Kim Gómez, prepara una serie de medidas para los sospechosos detenidos por la Policía Bonaerense mientras define la calificación del hecho. El antecedente de “Piraña”, de 12 años, acusado de torturar a un jubilado por 220 mil dólares.
La fiscal Carmen Ibarra, titular de la UFI N°3 de menores de La Plata, a cargo de esclarecer el asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años que murió luego de ser arrastrada quince cuadras tras el robo de un auto en un supermercado en La Plata, decidió que el chico de 14 años detenido por el hecho permanezca encerrado bajo una medida de seguridad, tal como la ley se lo permite, confirmaron fuentes del caso a Infobae.
Así, N.M, capturado en la madrugada de hoy martes en la zona de Altos de San Lorenzo en un operativo a cargo de la Policía Bonaerense y que continúa aprehendido, podrá ser enviado a un centro de contención de menores bonaerense, donde estará privado de su libertad.
Por otra parte, Ibarra se prepara para pedir la detención formal de T.G, el cómplice del chico, de 17 años y espera indagarlo en las próximas horas. La Policía Bonaerense ya detectó un antecedente en su ficha: había sido arrestado por el robo de un Ford Ka el 1° de enero último en La Plata junto a tres cómplices, dos de ellos de edad inimputable. Uno de ellos portaba una pistola tumbera.
La calificación del hecho, ocurrido en las inmediaciones del supermercado El Nene, todavía no fue definida, aunque las mismas fuentes aseveran que los delitos elegidos serán los evidentes: robo y homicidio, con sus respectivos agravantes.
La decisión de la fiscal Ibarra, desde ya, deberá ser convalidada por el juzgado de garantías del caso y una sala de cámara ante una eventual apelación de la defensa del chico. Por lo pronto, hay un precedente reciente exitoso para la Justicia, con un chico detenido por un delito especialmente grave y de menor edad que N.M.
En la víspera de la última Nochebuena, la Sala II de la Cámara de San Isidro determinó que “Piraña” -el niño de 12 años detenido a comienzos de este mes, acusado de intentar matar a golpes a un jubilado de 86 años en una brutal entradera en Acassuso en octubre pasado para robarle 220 mil dólares- permanezca detenido en un centro de contención de menores de la provincia de Buenos Aires, una decisión tomada por los magistrados Luis Cayuela y Juan Stepaniuc, tras una investigación del fiscal Patricio Ferrari.
Según la declaración de testigos, los delincuentes merodeaban el lugar donde finalmente fue robado el Fiat Palio que ocupaba Kim. Minutos antes, los habían visto sobre las calles 25 y 72 caminando y sentándose cerca de una verdulería, cuyos propietarios temieron un asalto.
En cuanto se produjo el robo del vehículo, la madre de la víctima corrió detrás del mismo mientras gritaba que su hija estaba en el interior. Luego de fugarse en el auto, los delincuentes impactaron contra un poste de luz y cayeron en una zanja para luego correr por un descampado. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron el cuerpo de la niña debajo del vehículo. Todavía no se sabe si Kim fue empujada por los delincuentes o si cayó al intentar escapar.
Por lo pronto, el adelanto del resultado de la autopsia no estaba disponible en la Justicia al cierre de esta nota.
El sistema de justicia para menores
Casos como el de Kim Gómez abren un profundo debate sobre la responsabilidad penal de los menores y el papel del sistema judicial en la prevención y rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley. La edad de imputabilidad es un tema recurrente, con posturas que van desde la necesidad de reducirla hasta la exigencia de fortalecer programas de reinserción social efectivos.
En muchos países, se han implementado modelos de justicia restaurativa que buscan no solo castigar, sino también reeducar y reinsertar a los menores en la sociedad. La creación de centros especializados con programas de educación, formación laboral y apoyo psicológico podría ser una alternativa viable para evitar que estos adolescentes reincidan en el delito.
Asimismo, la detección temprana de entornos de vulnerabilidad y el fortalecimiento de políticas de inclusión social pueden ser claves para evitar que niños y adolescentes caigan en la delincuencia. La prevención, a través de la educación y el acompañamiento familiar, resulta tan importante como el accionar judicial en estos casos.
Es imperativo que la sociedad y el Estado aborden este problema de manera integral, equilibrando la justicia con la posibilidad de ofrecer a los menores una segunda oportunidad que evite tragedias como la de Kim en el futuro.
